
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN) dejaron ver su intención de acordar este año un impuesto a las grandes empresas de Internet, aunque la propuesta está lejos de alcanzar un acuerdo unánime por las dudas de varios países, entre los que está Alemania.
“Lo que hemos logrado hoy es el reconocimiento común de trabajar en una solución de corta duración hasta final de año basada en la propuesta de la Comisión Europea (CE)”, dijo el ministro de Finanzas austríaco, Hartwig Löger, cuyo país ostenta la Presidencia de la Unión Europea (UE), y que acogió en Viena el Consejo informal de ministros este fin de semana.
Los miembros de la Unión Europea buscan el modo de aplicar un impuesto a la actividad de las grandes empresas de internet, para paliar la disparidad que existe actualmente entre lo que pagan en impuesto de sociedades estas plataformas (9,5%) y las empresas tradicionales (23,2%).
El punto de partida para la discusión es una propuesta del Ejecutivo comunitario, que plantea introducir un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo, y más de 50 millones en la Unión Europea.
La propuesta necesita la aprobación unánime de los miembros de la Unión Europea. Irlanda encabeza la oposición al impuesto, junto con Finlandia, Suecia y Dinamarca, mientras que Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido mantienen reservas, pero se mostraron en esta reunión más abiertos que en las precedentes.
“Irlanda tiene gran preocupación por que la UE avance con la tasa digital de forma unilateral”, ha dicho el ministro de Finanzas irlandés, Peter Donohoe, en un encuentro con algunos medios durante la reunión, admitiendo que algunos países “ven el riesgo de cambios en su recaudación”.
Alemania, que inicialmente respaldó el impulso francés a la medida contra las empresas de internet, había dejado traslucir esta semana sus dudas al respecto.
“En tiempos en que el populismo asciende en Europa tenemos que aportar respuestas y éstas son decisiones políticas”, advierte Le Maire.
España apoya la iniciativa y ha dicho a sus socios que el Gobierno prevé introducir esta tasa a las empresas de internet sobre la base de la propuesta de la Comisión aún cuando no exista consenso europeo.